Respecto de la decisión de intervenir la firma Vicentin S.A.I.C. a través del Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 522/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, señalamos la necesidad de resaltar la prevalencia del orden jurídico institucional que, como bien supremo, debe guiar las acciones referidas a la convivencia social. En tal sentido y para el caso planteado, cualquier interés de participar en el sector agroindustrial, con el propósito de hacer productivo al trabajo e inversiones de la firma Vicentin , debería manifestarse y resolverse dentro de la convocatoria de acreedores que ya brinda el marco legal aplicable .

En relación a un posible proyecto de expropiación, a enviar al Congreso Nacional, no se observa posibilidad de que el mismo pruebe, en forma contundente, indubitable y cuantificable, la utilidad pública que se debería invocar para aplicar tal procedimiento.

Sería aconsejable que la intervención esté direccionada a asegurar un proceso de negociación ordenado con los acreedores, que respalde sus derechos, preservando el patrimonio de la empresa. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el objetivo final no debe ser la expropiación, sino garantizar una mejor negociación entre las partes involucradas acreedores, trabajadores y grupos económicos interesados en adquirir la firma.

Desde la Bolsa de Cereales remarcamos que, en medio de la renegociación con acreedores internacionales, asumir una nueva deuda valuada en U$D 1500 millones, no parece ser lo conveniente para las arcas públicas, más si esta situación podría desembocar en litigios que potencien el impacto negativo, afectando todos los contribuyentes.

No desestimamos el rol del Estado como regulador, siempre y cuando esto asegure que no haya posiciones dominantes. En ese sentido, el sector agroindustrial presenta hoy un mercado con capacidad ociosa de producción, la capacidad instalada de molienda es de, aproximadamente, 67 MTn, cifra que supera ampliamente el volumen de producción (aprox. 50 MTn), con lo cual el ingreso de divisas se encuentra garantizado, así como también el cobro de impuestos por parte del Estado.

Es comprensible y adecuada la preocupación por brindar seguridad a las familias que dependen de este grupo empresario, sin embargo la coyuntura actual podría provocar que otras empresas se encuentran en la misma situación , lo que pondría al Estado Nacional ante una condición de difícil cumplimento. La única forma genuina de preservar las fuentes de trabajo, sin generar subsidios inequitativos, respecto del resto de la sociedad , es asegurar las condiciones para que la actividad productiva asuma el desafío de coordinar los factores productivos, generando ingresos, a través de la venta de los bienes producidos y asumir los riesgos y reglas en igualdad de condiciones con el resto de los participantes de un mercado competitivo.

Por último, es necesario destacar que, respecto al concepto de “soberanía alimentaria” utilizado, no parece claro en su alcance y definición. El sector agroalimentario en nuestro país ha demostrado de sobra su capacidad de abastecimiento, siendo su desempeño en la actual pandemia por Covid 19, una prueba irrefutable de ello. En ese sentido y dada la estructura productiva del mismo, con su vigoroso y eficiente complejo generador de bienes y servicios, es absolutamente imposible que pueda existir amenaza alguna a una supuesta soberanía alimentaria. Por el contrario, se cumple eficientemente con las necesidades de la demanda interna e internacional de alimentos.